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LSSICE - Ley de Servicios de la Sociedad de la Información - Ascendia

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico
(LSSICE)

lssice
La Ley 34/2002 es conocida como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) y es una normativa que regula las actividades económicas que se realizan en internet.
 

Esta Ley tal y como se expresa en el artículo 1de la Ley 34/2002, de 11 de julio, tiene como objeto la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

¿Cuales son los principales objetivos de la LSSICE?

Entre los principales objetivos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) podemos destacar el de adaptar la normativa española al nuevo mundo digital en el que nos movemos de las nuevas tecnologías y modelos de negocio. Es por ello, que los principales objetivos que persigue la normativo son:

  •    1. Fomentar y favorecer al desarrollo de empleo y la economía en el espacio digital.
  •    2. Conseguir un espacio libre de competencia en las telecomunicaciones.
  •    3. Participar activamente en el impulso de de redes e infraestructuras.
  •    4. Crear un marco legal.

Servicios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley

Hay ciertos actividades y Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico que quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley y que se regirán por su normativa específica.

Tal y como se expresa en el artículo 5 de la presente Ley, las actividades y servicios que quedan excluidas son:

   1. Los servicios prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicios de sus respectivas funciones públicas

   2. Los servicios prestados por abogados y procuradores en el ejercicios de sus funciones de representación y defensa en juicio.